En mayo de 2017 COPOE hizo público un comunicado contra la violencia cuya vigencia lamentablemente sigue de actualidad. En principio, COPOE quiere manifestar su pesar y situarse emocionalmente junto a todas las víctimas de violencia, sea del tipo que ésta sea, pero en este momento, queremos mostrar nuestro rechazo más contundente ante la agresión sexual y cualquier tipo de conducta que atente contra la libertad sexual de las personas, en especial en menores de edad, jóvenes y personas más vulnerables.
Los datos que arrojan estudios e informes de diversos organismos señalan que la prevalencia del abuso sexual a menores en España se sitúa en torno al 20-25% en las chicas y 15% en los chicos; y de ellos, apenas el 15% de los casos se denuncia (Save the Children, 2017). Puede cuestionarse si estamos en una sociedad hipersexualizada y a la vez, que la sexualidad siga siendo un tema tabú. Por todo ello consideramos que como profesionales de la Orientación Educativa tenemos que hacer público este comunicado, exponiendo que desde la educación es necesario impulsar en estas tres líneas:
- Prevención: es imprescindible promover el desarrollo de programas de educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas para que las personas aprendan a vivir la sexualidad de forma saludable, desde el respeto y valoración de la diversidad, disociando de la sexualidad toda muestra de coacción, agresión o violencia.
- Detección precoz: los centros educativos son un lugar privilegiado para la observación de los menores. Es necesario que el profesorado tenga la suficiente formación para detectar sospechas en este sentido ante las que los especialistas puedan actuar. Asimismo, sería imprescindible que se conocieran los protocolos ya existentes y que en su puesta en marcha se evite la victimización secundaria y los juicios de valor, con tolerancia cero hacia cualquier tipo de agresión. En el desarrollo de estos protocolos, la coordinación del sistema educativo con otros servicios (sociales, igualdad, policía, justicia, salud…) es una de las claves para la atención a los menores, sean víctimas, agresores o espectadores.
- Inclusión: es imprescindible mantener la perspectiva de la inclusión en todas las actuaciones del sistema educativo. Inclusión para vivir juntos y que cada persona encuentre su lugar en el mundo, sin prejuicios, ni faltas de respeto. En el sistema educativo no hay sitio para las actitudes violentas relacionadas con el machismo, racismo, homofobia, transfobia o cualquier tipo de discriminación que vulnere los derechos de las personas. Un mundo de bienestar necesita de la sensibilización de todas las personas ante este tipo de actitudes para que puedan reconocerse e intervenir ante ellas.
Organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud denuncian constantemente que la violencia es un importante problema de salud pública que afecta directamente a millones de personas cada año, siendo uno de los mayores factores de riesgo para sufrir desórdenes psiquiátricos y suicidio; contando además con las secuelas que puede causar de por vida a sus víctimas, como son: ansiedad, depresión, desórdenes de estrés post traumático; abuso de sustancias nocivas, comportamientos agresivos y comportamientos sexuales de riesgo (OMS, 2014).
Prevenir la violencia sexual contra los menores e intervenir de manera adecuada cuando ésta ya se ha producido, contribuye especialmente a prevenir una extensa gama de enfermedades crónicas y problemas personales y sociales; teniendo en cuenta que toda la sociedad paga el precio por los actos violentos, en términos de costes directos e indirectos. Todas las personas tienen derecho a la integridad física y psicológica y a la protección contra cualquier forma de violencia, a través de este comunicado, los profesionales de la orientación, como profesorado especializado en Pedagogía, Psicología y Psicopedagogía, queremos manifestar nuestro convencimiento de que es absolutamente imprescindible que se cumplan las indicaciones internacionales así como contar con los recursos humanos y materiales para establecer medidas preventivas y de intervención educativa ante la violencia. Por ello, siguiendo las indicaciones de UNESCO y de la ASCA (Asociación Americana de Orientadores Escolares) solicitamos un profesional de orientación educativa a tiempo completo por cada 250 alumnos/as en los centros educativos de todo el Estado Español para que podamos trabajar eficazmente por la inclusión y una convivencia saludable.