1. El derecho  a la orientación educativa y profesional constituye un recurso educativo y social  a preservar y garantizar, en todas las etapas educativas y para todo el alumnado, a lo largo de la a vida, y en los diferentes ámbito en los que se desenvuelve la persona: académico, laboral, familiar, de ocio, etc. Por ello, es preciso asignar los recursos humanos y materiales necesarios, excluyendo las medidas tendentes a reducir plazas de orientación educativa porque ello incide muy negativamente en la calidad de la educación y perjudica especialmente a las personas y colectivos económica y socialmente más vulnerables.

2.  Los profesionales de la orientación en la sociedad el siglo XXI debemos desarrollar competencias profesionales y personales que debieran estar garantizadas mediante una Ley especifica de orientación, que teniendo en cuenta las particularidades de cada Comunidad Autónoma, garantice y vele por el mantenimiento de la labor orientadora, facilite la cooperación interterritorial, la correcta utilización de los recursos y la necesaria coordinación entre los diferentes servicios de orientación educativos, laborales, sanitarios, sociales. Este es el contexto más adecuado para desarrollar experiencias de innovación y buenas prácticas en orientación.

3.  Apostamos por un modelo educativo inclusivo que evite la segregación temprana del alumnado y que cercene la diversidad. Los profesionales de la orientación, desde su labor de asesoramiento y ayuda, facilitan, junto con el resto del profesorado, una respuesta educativa adaptada a cada persona y que favorece su desarrollo integral. 

4.  En el ámbito de las propuestas concretas reiteramos las siguientes líneas de mejora de la orientación:

• La necesidad no solo de mantener sino de ampliar el numero de orientadores en los centros educativos, al menos uno por cada 250 alumnos en las diferentes etapas educativas, tanto obligatorias como no obligatorias. La labor orientadora constituye un recurso educativo y social necesario para compensar las desigualdades por razones económicas, sociales, culturales, etc.

• La creación de centros superiores de recursos para la orientación en las diferentes comunidades autónomas, que faciliten la divulgación y extensión de las buenas prácticas y la innovación en orientación.

• La formación inicial y permanente del personal orientador para el ejercicio adecuado de sus funciones, debiera constituiruna prioridad para las administraciones educativas, favoreciendo la adecuación de la intervención orientadora a las necesidades del alumnado, a las familias y a cualquier usuario que demande sus servicios. En este sentido, el acceso al Master en Orientación ha de exigir una titulación previa en psicología, pedagogía o psicopedagogía para garantizar una formación de base adecuada para el ejercicio de la labor orientadora.

• Rechazamos inequívocamente la reivindicación que se realiza desde algunos sectores profesionales interesados, de introducir psicólogos educativos en los centros de enseñanza para asumir funciones que ya realizamos los orientadores educativos.

• Mostramos nuestra preocupación y rechazo a la posible externalizacion y privatización de los servicios de orientación porque atenta contra el derecho a una orientación educativa pública y de calidad para todos y todas.

En Bilbao, a 13 de mayo de 2012